De 2016 a 2022, más de mil 600 linchamientos en México: investigadores de la UAM

Los linchamientos en el país no ocurren exclusivamente en el medio rural, sino en zonas netamente urbanas, siendo Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la capital las entidades con mayor prevalencia al concentrar más de 74 por ciento de los casos, coinciden los doctores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo Acerca de los linchamientos (y el vigilantismo): reflexiones sobre la violencia en México, publicado en el número 237 de la revista El cotidiano de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, los especialistas estudiaron este fenómeno, que s mayormente abordado como nota roja por los medios de información.

“Desde nuestro particular punto de vista, estos ajusticiamientos constituyen un tipo de acción colectiva (tumultuaria) de carácter acremente violento (fatal), en la que los participantes manifiestan un alto grado de indignación moral (irritación compartida) en respuesta punitiva no legal (sin debido proceso judicial) a conductas de individuos (ofensores-víctimas) que atentan contra la vida, integridad, dignidad o patrimonio de miembros del grupo, y que expresan la crisis de autoridad o pérdida de confianza en los aparatos de procuración y administración”, sostienen.

De acuerdo con datos recabados por los especialistas, en el periodo 2016-2022 este tipo de quebrantamiento social registró mil 423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, para un total de mil 619.

Aun cuando estos actos aparecen como castigos hacia individuos a quienes se les imputa sin un debido proceso la comisión de delitos –o tentativa– como robo o abuso, violación y secuestro, su ejecución “acusa causas más profundas que es necesario indagar para poder explicarlos, como el descontento que va más allá del hecho inmediato”.

En este contexto “cabe preguntar por qué se llega a tal grado de irritación social que un grupo de personas decide infligir a uno o varios individuos el castigo de privación de la vida, sin mediar un debido proceso judicial, lo cual lleva a plantear que estos actos suelen ser fruto de la rabia acumulada ante la inexistencia regional, local o nacional del Estado de derecho”, como señaló Carlos Monsiváis.

En el texto, los investigadores del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco señalan que en la actualidad existen las condiciones para la aparición de estallidos impetuosos por parte de una ciudadanía “que se siente insegura y sin esperanza de beneficiarse de los mecanismos de justicia garantes del orden social, así como por el descontento individual por las ofensas ocasionadas por algún miembro de la sociedad o alguna autoridad que pueden generar un rechazo o reclamo conjunto”.

Entonces, “nos encontramos frente a la indignación moral, la cual, bajo ciertas circunstancias que se le adicionan, se articula mediante la gestión colectiva violenta, por la que se pretende poner límite a otros actos delincuenciales que antes se han sufrido de manera individual y que los sujetos no pueden frenar en forma aislada”.

Sin lugar a dudas, “el agravio genera encono, la injusticia provoca ira, y cuando los principios de cohesión de la comunidad son reiteradamente vulnerados por uno o varios de sus miembros, o bien por alguna autoridad establecida, se rompe el principio de la convivencia pacífica, alterando el desarrollo de la vida cotidiana”, advierten.

En momentos incluso “nos indignamos cuando algún problema que tiene solución no se resuelve como debe ser o como esperamos; también, cuando la autoridad, abusando de sus facultades, se excede en sus funciones con ofensas que provocan a su vez la reacción agresiva de grupos indignados cuando son rebasados los límites tolerados, ya sea en grado, extensión o frecuencia”.

Así, el encono es canalizado por muchedumbres “que deciden hacer justicia por propia mano, ante la ineficiencia de las instituciones oficiales, generando una crisis de autoridad que constituye una de las causas profundas de la violencia social”.

Rodríguez Guillén y Veloz Ávila afirman que de ningún modo los linchamientos pueden ser una forma aceptable para solucionar los conflictos, dado que “tienen cierta connotación de acción colectiva capaz de propiciar simpatía entre secciones de la colectividad, ante la declinación de los poderes públicos”.

Por ello, “hay que pugnar en el terreno político por el cambio preciso en el orden de las cosas para que este fenómeno, condenable desde muchos puntos de vista, no aparezca en nuestro horizonte y, en el académico, continuar con mayor profundidad y rigor en alcanzar la explicación de su origen y manifestaciones”, concluyen.