La UAM, relevante en las decisiones fundamentales de la reforma política del DF

La reforma política del Distrito Federal implicó cambios fundamentales en la configuración normativa para constituir la entidad número 32 de la República Mexicana, sostuvo el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante la presentación del libro Primera Constitución Política de la Ciudad de México 2017. Testimonios de su discusión y aprobación.

El texto –editado por la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios– representa un testimonio de la gran participación social, y dentro de ésta, del aporte de la comunidad académica de México, y en especial de la UAM, en lo que fue la reforma política del Distrito Federal.

A mediados de la década pasada “tuvimos como sociedad la oportunidad histórica y la responsabilidad de contribuir con visiones plurales, integrales e integradoras a un gran proceso de diálogo”, en el que la UAM se asumió como factor relevante en la discusión de decisiones fundamentales.

Muchos de “nuestros especialistas de Ciencias Sociales y Humanidades y de áreas de urbanismo y sustentabilidad” de las cinco sedes académicas se sumaron a las iniciativas de diálogo con actores de la sociedad civil, funcionarios e integrantes distinguidos del grupo de redacción de la Constitución de la Ciudad de México.

Los derechos humanos, sociales y culturales, así como a la participación y a la metrópoli –considerando parámetros estructurales de gobierno y de desarrollo social, urbano y metropolitano– fueron temas que debieron incluirse en el debate y el análisis integral para lograr la primera acta constitutiva del siglo XXI en el país.

La construcción de la democracia en México requiere la participación activa de la sociedad y uno de sus principales actores es la academia. La Universidad –como espacio de encuentro, inclusión e intercambio de ideas, siempre crítica y libre– demostró nuevamente en la constitución de la Ciudad de México, que también se ocupa de temas que afectan la vida de su entorno, de la colectividad y de la sociedad, responsabilidad implícita en su filosofía humanista.

La memoria del proceso de reflexión que “vivimos sobre desafíos, decisiones y alcances de la aplicación del estatuto, así como sus instrumentos y mecanismos para la implementación de esta reforma, nos ubica como protagonistas de nuestro espacio y nuestro tiempo”, dijo el doctor De los Reyes Heredia.

El doctor Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior y Profesor Distinguido de la UAM, sostuvo que para entender en sus dimensiones la Constitución de 2017 “es necesario comprender y subrayar por qué los derechos humanos, sociales y políticos de los habitantes aparecen en una etapa tardía para la Ciudad de México, pero también muy importante el ascenso y despliegue de las grandes luchas en una urbe que fue apropiada y recreada desde los movimientos sociales”.

Resulta fundamental reconocer que las garantías contenidas en la Constitución fueron producto de múltiples luchas, pues a lo largo del periodo posrevolucionario, los derechos humanos, sociales y políticos de los hombres y las mujeres de la capital estuvieron sujetos a lo que estableciera un Estado clientelar y corporativo y no a las libertades de las y los ciudadanos.

Sólo hasta 1996 el Congreso aprobó un conjunto de reformas que derivó en la creación de un nuevo marco jurídico de la metrópoli y en la transformación de la Asamblea de Representantes por Asamblea Legislativa, pero el cambio más significativo fue la elección mediante sufragio efectivo del jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 1997 y de los titulares en las demarcaciones territoriales. Fue en este “gran giro político del país”, que la urbe adquirió otro sentido para la transformación del propio México.

El doctor Concheiro Bórquez enfatizó que desde la izquierda se impulsó la creación de la primera Carta Magna de la Ciudad de México, que tiene a la dignidad humana y a los derechos individuales como elemento rector supremo que le da sustento.

El maestro Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, señaló que con la Constitución de 2017 la capital cuenta con una ley suprema a la altura de los anhelos, las conquistas y las necesidades de los habitantes; “aunque fue una tarea difícil porque hubo que romper inercias y formas de trabajo parlamentario tradicionales”, por lo que el proceso significó una apertura a la ciudadanía en el debate sobre sus derechos.

Esta es la primera Carta Magna en la que se consulta a los pueblos indígenas y “en el capítulo sobre derechos de estos pueblos, obligamos a los constituyentes – incluso a los provenientes de la izquierda– a reconocer el estándar internacional y por primera vez consultar las garantías que se establecieron en materia de comunidades originarias y residentes”, en lo que fue un antecedente “que no tiene otra en nuestro país”.

Además el estatuto integra los avances en materia de derechos humanos y colectivos, “y eso también es una novedad”; amplía –incluso más que la Constitución federal– el referente de las garantías individuales a los tratados y leyes internacionales, siempre pensando en un principio pro-persona, de tal manera que establece de inicio la ampliación permanente de las facultades de los capitalinos.

En el debate fue muy intensa la defensa del concepto de urbe que integra el principio de la lucha urbana de muchas décadas, sintetizado en el manifiesto de la jurisdicción a la ciudad, donde se establece que los habitantes tienen derecho a un ambiente limpio y al agua como una garantía humana, que es fundamental en estos momentos de crisis hidrológica.

También quedaron establecidos los derechos sexuales de la población femenina “y me parece un tema de avanzada porque costó mucho trabajo” vencer la oposición de los sectores conservadores que no querían aprobar la atribución de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

El derecho a la muerte digna “costó muchísimo trabajo, porque –con todo respeto– se sigue pensando con ideas medievales sobre la vida, el cuerpo y las relaciones intersexuales”.

La Constitución de la Ciudad de México es también la primera en reconocer los derechos culturales individuales y colectivos al integrar la Carta de Estrasburgo; también al internet gratuito para todos los habitantes en todos los espacios públicos y éste es también un antecedente que coloca al texto no sólo de lleno en el siglo XXI, sino también en las garantías que generan las nuevas realidades digitales.

En la presentación del libro Primera Constitución Política de la Ciudad de México 2017. Testimonios de su discusión y aprobación también participaron Patricia Ortiz Couturier, alcaldesa de Magdalena Contreras, licenciada en Política y Gestión Social por la UAM y quien fue parte del Constituyente de 2017; la maestra Dolly Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, los doctores Fernando De León González, rector de la Unidad Xochimilco; Angélica Buendía Espinosa, jefa del Departamento de Producción Económica; Patricia Couturier Bañuelos, docente del Departamento de Producción Económica, y Juan Reyes del Campillo Lona y Héctor Villarreal Beltrán, académicos del Departamento de Política y Cultura.

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