Científicos sociales reflexionan sobre violencias estatales y sociales en América Latina

Las violencias han marcado de manera irreversible la convivencia social, cuyo deterioro ha desdibujado las relaciones sociales en la región latinoamericana, sostuvo la doctora Liliana López Levy, profesora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante la presentación del libro Reflexiones sobre las violencias estatales y sociales en México y en América Latina.

Las investigaciones plasmadas en la publicación reinterpretan ese fenómeno y lo llevan más allá del uso de la fuerza, del enfrentamiento entre cuerpos, del uso de las armas, de la guerra y de la imposición de voluntades de quienes ejercen el poder, y retoma como categorías centrales al Estado, el sentido de historicidad y el territorio.

El texto está integrado por investigaciones doctorales de estudiantes y profesores que conforman el Seminario Violencias estatales y sociales contemporáneas, que se lleva a cabo en la citada sede universitaria, así como de invitados provenientes de otras instituciones académicas mexicanas y latinoamericanas

Está dividido en cuatro grandes apartados: el primero hace aproximaciones teóricas a las violencias estatales y sociales; el segundo analiza este aspecto en Sudamérica, el tercero los megaproyectos y el despojo de foco territorial en México, y el último los terrores criminales y estatales en el país.

En el primer apartado los autores parten de grandes filósofos y científicos sociales para entender las relaciones que generan la violencia y las formas en que ésta es apropiada y examinan cómo los individuos la reproducen en el ámbito familiar a través de procesos de enseñanza aprendizaje y disciplina, apuntó la doctora López Levy.

En el segundo capítulo, la doctora Miriam Bautista Arias, docente de la Maestría en Comunicación y Política de la Unidad Xochimilco, se sitúa en el contexto mexicano y parte del sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando se desencadenó la llamada guerra contra el narcotráfico que arrastró al país en un espiral de violencia que sigue presente. En un intento por acostumbrarse a vivir en y con ella, la población adapta, modifica y transforma toda forma de relacionarse consigo mismo y con los otros como mecanismo de sobrevivencia.

Nelly Reséndiz Rivera por su parte hace un análisis de qué es lo que lleva a que la población femenina tome actitudes de violencia hacia ellas mismas y hacia los otros, construyendo su reflexión desde la interseccionalidad. En una primera aproximación afirma que las mujeres son parte de un sistema que constantemente las amenaza en forma de abuso doméstico, laboral y sexual, y la respuesta violenta no es otra que un mecanismo de defensa ante esta relación.

Respecto del segundo apartado sobre las violencias en Perú, Chile y Ecuador, el maestro Omar Villarreal explicó el artículo de Fabiola Escárzaga Nicté, profesora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, da cuenta del proceso de reconciliación en Perú tras la guerra interna entre el gobierno y el movimiento insurgente del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, a partir de una revisión que hace la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación.

En el capítulo sexto, Juan Carlos Gómez Leyton, docente del Centro de Investigaciones de Procesos Políticos y Sociales de América Latina, caracteriza el terror en Chile no sólo como un episodio de la historia de la región, sino como un elemento constitutivo y derivado del hecho colonial que da lugar al temor. Los crímenes en ese país no comienzan con la dictadura de Pinochet, sino que están insertos en una trayectoria de continuidades y discontinuidades que parten de una violencia constitutiva: la colonial.

La doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, al referirse a los apartados tres y cuatro afirmó que gran cantidad de megaproyectos tienen impactos destructivos porque modifican y muchas veces imponen modelos de vida que son ajenos, sin embargo, muchos de ellos son necesarios para la cohesión social, como los que se refieren a infraestructura, por lo que debieran estar alejados de intereses políticos y realizarse respetando la integridad ambiental y la soberanía local.

En su investigación, Yolanda García Beltrán, Doctorante del posgrado en Ciencias Sociales de la Unidad Xochimilco, cuestiona los parques eólicos dentro de territorios indígenas en Baja California, porque no es la población oriunda la que se beneficia de ellos, sino las grandes empresas, lo que ha generado conflictos socioambientales derivados de esos megaproyectos; por buenas intenciones que tengan, éstos deben responder a necesidades sociales y considerar el bienestar colectivo.

La energía renovable, como la eólica, no puede agotarse y su aprovechamiento no generaría un efecto negativo, pero las técnicas para lograr el proceso requieren un uso de inmensas extensiones de territorio y hay poblaciones indígenas marginadas viviendo ahí, las cuales se enfrentan a la violencia y al rechazo desde hace muchas décadas. Las instalaciones de parques eólicos también afectan negativamente a la fauna local.

En su artículo, Daniel Badillo Cuevas refiere las resistencias que se dieron en la zona de Texcoco frente al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuyas afectaciones fueron numerosas, entre ellas la extracción de material pétreo que ha provocado destrucción territorial en espacios de vivienda y en zonas protegidas o necesarias para la conservación del hábitat.

La doctora Azamar Alonso destacó que en estos dos artículos puede verse que el problema de la violencia no parte de la población afectada, pues lo único que hacen es defender su modo de vida, pero los nexos del Estado con las empresas y el crimen organizado son los que motivan buena parte de las agresiones contra la gente por proteger intereses económicos. 

El décimo capítulo, de Rodrigo Escamilla habla de la captura del Estado, que difiere de la corrupción, aunque tienen relación intrínseca, como el caso Odebrecht, que utilizó una maquinaria de guerra para violentar a pobaciones en territorios denominados ilegales, estableciendo una red de beneficios que redundaron en políticas de las que se favoreció esta empresa brasileña, en su mayoría con ejercicios de agresión y despojo en zonas donde querían desarrollar sus megaproyectos.

El último capítulo, de la autoría de Villarreal, hace una revisión de la historia de la violencia en Guerrero y el tristemente célebre caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Norma Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que también tiene que ver con el proceso de captura del Estado que se vive en esa entidad, donde el crimen organizado domina y se hermana con los intereses económicos de algunas empresas fungiendo como un brazo de ataque.

La influencia de los grupos criminales que han capturado al Estado ha logrado incluso modelar algunas instituciones de gobierno. El caso de los 43 de Ayotzinapa sigue siendo cuestionado por el involucramiento del Estado y sus instituciones castrenses.